Luis Abinader propone suspender impuesto, Ventas se grava con el 3%

El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, propuso al Gobierno suspender por un año la aplicación del impuesto a las trasferencias inmobiliarias para dinamizar la industria de la construcción e incentivar la inversión en la actividad inmobiliaria turística.

El también economista y empresario dijo que la medida tendría un efecto dinamizador en dos de los sectores más importantes de la economía nacional y con gran capacidad para generar empleos productivos. “La iniciativa también ayudaría a estimular la actividad inmobiliaria turística un importante generador de empleos y divisas”, apuntó Abinader.

Explicó que en el 2008 se registró una ralentización de la actividad inmobiliaria que en el período 2004-2007 había logrado altas tasas de crecimiento, superiores al 170% promedio anual, al pasar de más de 13 mil millones de pesos en el 2003 a más de 109 mil millones en el 2007.

Sin embargo, producto de la crisis y de los errores en las políticas públicas el año pasado el monto de las actividades inmobiliarias apenas creció un 3.9%, colocándose en los 113 mil millones de pesos.

El vicepresidente del PRD y aspirante a la candidatura presidencial de su partido explicó que la ley 288-04 fija un impuesto del 3% al valor de transferencias inmobiliarias, ingresos que a partir del 2005 han significado alrededor del 2% de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

Dijo que las operaciones del sector decayeron mes a mes el año pasado, en relación con el 2007 y en el período octubre-diciembre los resultados fueron negativos, siguiendo este comportamiento en enero y febrero del año en curso, con lo que se confirma que en el sector de la construcción existe una recesión.

En febrero pasado, informó Abinader, la cantidad de transacciones realizadas diminuyó un 16% y el monto transado se redujo en un 13% al pasar de 8,300 millones de pesos en febrero del 2008 a sólo 6,100 millones en febrero pasado.

Explicó que en adición al impuesto al uno por ciento anual a la vivienda, también existe el impuesto del tres por ciento del valor a las transferencias inmobiliarias, este último un factor de incremento del precio ya que es un impuesto a cargo del adquiriente.

A juicio del aspirante presidencial perredeísta, el Gobierno debe hacer una evaluación racional sobre las opciones de mantener un impuesto que frena la inversión en dos sectores estratégicos, o asumir un ligero sacrificio fiscal que tendría un impacto altamente beneficioso para la economía en general.

Afirmó que la República Dominicana no debe asumir una actitud pasiva frente a los factores estructurales y coyunturales que afectan la industria turística y resaltó que todos los países de la región, incluyendo Puerto Rico, México y Jamaica, están adoptando medidas para proteger el turismo y estimular la inversión en el sector.

INFORME P N SOBRE CASO 31 OFICIALES Y ALISTADO P. N. PUERTO PLATA

Puerto Plata.- La Comisión designada para investigar la denuncia e irregularidades cometidas por 31 integrantes de la dotación policial de Puerto Plata recomendó la expulsión de los investigados de las filas de la Policía por mala conducta y el sometimiento a la justicia de varios de ellos bajo la acusación de asociación de malhechores y homicidios. Entre los que serán sometidos a la justicia se encuentran los agentes que mataron a dos hermanos José y Ruddy Cabrera Peña.De acuerdo a una información difundida por la policía, entre los expulsados se encuentra un coronel, un teniente coronel, un mayor, un capitán, varios primeros y segundos tenientes y alistados.

Entre las recomendaciones hechas por la comisión y acogidas por la Dirección de Asuntos Legales de la Policía, figura que el Coronel Frank Félix Almonte Castillo, el primer teniente José Daniel Cepeda Rubio y el segundo teniente Pedro Pablo Toribio Alvarez, sean puestos en retiro forzoso de las filas de la Policía Nacional y sometidos a la justicia.

Recomendó, además, que los sargentos mayores Rafael Lora Rosario, Joaquín Antonio Roque Concepción, sargento Geremías Morales la Hoz, cabo Addier Miguel Mustaffá Aracena, y Raso Wellington Almonte Mateo, sean cancelados de las filas de la Policía Nacional “por mala conducta”, y puestos a disposición de la justicia ordinaria, por ante el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Según informaciones leídas en un documento por el jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, durante una rueda de prensa, la comisión recomendó que los imputados primer teniente José Daniel Cepeda Rubio, sargento mayor Rafael Lora Rosario y el cabo Addier Miguel Mustaffá Aracena, sean acusados de haberle ocasionado heridas de balas que produjeron la muerte a los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña, al igual que a Julio César García Almonte, durante un hecho ocurrido en fecha el 2 de enero de este año mientras prestaban servicio en Puerto Plata.En tanto que el coronel Franck Félix Almonte Castillo, segundo teniente Pedro Pablo Toribio Álvarez, sargento mayor Joaquín Antonio Roque Concepción, sargento Geremias Morales la Hoz y el raso Wellington Almonte Mateo, sean sometidos como imputados de asociación de malhechores y cómplices de los hechos denunciados anteriormente.

Asimismo, que el sargento David Manuel Núñez Ortiz (Cidi), de la FAD, el cabo Radhamés del Rosario Quiñones (Mangue), el raso Francisco Javier Cruz Peña (Chocolate), y Jefri Paula, de la Policía Nacional, sean cancelados por “mala conducta” de las filas policiales y puestos a disposición de la justicia ordinaria, por complicidad, asociación de malhechores y de inferirle heridas de bala a los nombrados Luis José Rodríguez Lugo (El Bárbaro), Maribel Mejía y Jenny López Féliz, cuando se encontraban en el “Bar Secret”, ubicado en el municipio de Sosúa.

Esas personas mencionadas anteriormente, según el informe policial se presentaron al referido bar en compañía de una persona encapuchada intentando asesinarlos cumpliendo orden del francés Assen Akrabou y el supuesto narcotraficante Franklin Domingo Hidalgo Batista (prófugo).
El jefe de la Policía dijo que la comisión determinó que para tales fines contrataron los servicios de esos policiales y de la FAD, por la suma de RD$4,000.000.00 de pesos, por lo que recomiendan su sometimiento a la justicia.

En un extenso documento de cinco páginas se destaca que el mayor Freddy Altagracia Guillen Castillo, primeros tenientes José Manuel Tobar Polanco, Apolinar Antigua Cleto (El Pechú), y el segundo teniente Ramón Antonio Vásquez, sean colocados en retiro forzoso de las filas de la Policía Nacional.

Asimismo, indica que el capitán Melvin Rafael Velásquez Then, los primeros tenientes Julio Altagracia Cabrera Piantini, José Agustín Contreras Sánchez (Robert), y los segundos tenientes Rafael Antonio García (La Cobrita), y Leonardo Gómez Cuevas, les sean cancelados los nombramientos que los amparan como oficiales de la Policía Nacional.

Mientras que al Sargento Mayor Víctor Manuel Matos Acosta, P. N., Sargento Luciano Valdez Diaz, M de G., y Cabo Danny Domínguez Tavarez, P. N., sean cancelados por Mala Conducta de las filas de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra, y puestos a disposición de la Justicia Ordinaria, ante el Procurador Fiscal del Departamento Judicial de Puerto Plata, como imputados de complicidad y asociación de malhechores. “Ya que mediante operaciones de inteligencia comprueban que éstos tienen fuertes vínculos y actúan en contubernio con el reconocido narcotraficante Franklin Domingo Hidalgo Batista, utilizando las facilidades que le brinda su condición de miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, ya que prestan servicio en la referida jurisdicción”.

El documento dice que la comisión investigadora comprobó que el sargento mayor Víctor Manuel Matos Acosta, el sargento Luciano Valdez Díaz, de la Marina de Guerra, y el cabo Danny Domínguez Tavárez, recibían y cumplían órdenes del narcotraficante Franklin Domingo Hidalgo Batista, para su traslado, protección, manipulación de agresiones físicas, disparos, apresamientos irregulares, ocultamiento de evidencias (cambio de drogas para que sus resultados arrojen negativo), y otras actividades criminales e ilícitas que garantizaban que éste se mantuviera en la impunidad en la región. También sacaban de circulación a sus adversarios para que lograra la hegemonía y el control del mercado de venta de drogas.

También los investigadores habrían recomendado que el teniente coronel José María Díaz y el primer teniente Diógenes de la Cruz Solano, sean colocados en situación de retiros forzosos de las filas de la Policía Nacional, mientras que al segundo teniente Cristian Ferreras Hernández, le sea cancelado el nombramiento que lo ampara como oficial de la Policía Nacional y sometidos a la justicia.

En tanto que al sargento mayor Jesús Maria Vargas Peña (Peñita), cabo Carlos Novas Subervi (Viruta), el raso Silvio Hipólito Bencosme Tejada (La Pipa), sean cancelados por mala conducta de las filas de la Policía Nacional, por haberse comprobado en el proceso de esta investigación que junto al teniente coronel José Maria Díaz; el primer teniente Diógenes de la Cruz Solano y el segundo teniente Cristian Ferreras Hernández, también tienen vínculos con el narcotraficante Franklin Domingo Hidalgo Batista (El Gallero), quien está prófugo.

La comisión investigadora estableció que el narcotraficante Franklin Domingo Hidalgo Batista (El Gallero), dirige la banda La 42 y controla varios puntos de distribución de drogas narcóticas en la Región Norte, de quienes recibían dinero como pago de peaje a cambio de manipular las investigaciones de los integrantes de su banda y daban otras facilidades para que éste realizara sus operaciones.